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El Ayuntamiento tiene provisionado el dinero necesario y la junta local ha acordado ejecutar los acuerdos plenarios en este sentido.

El Ayuntamiento, gobernado por Francisco Toscano (PSOE), prevé comenzar «de inmediato» la devolución de los anticipos de las viviendas protegidas proyectadas por la sociedad limitada Residencial Entrenúcleos, a los compradores que se hayan sumado a la defensa jurídica colectiva promovida por la propia administración local. El edil socialista Agustín Morón, portavoz del Gobierno municipal, explicó ayer a Europa Press que el Ayuntamiento tiene ya aprovisionado el dinero necesario y la junta local de gobierno ha acordado «ejecutar» los acuerdos plenarios de este asunto.

Se trata de las 379 viviendas protegidas en régimen especial asociadas a la parcela BPO-6, en el sector de Entrenúcleos de Dos Hermanas. Los compradores de estas viviendas, que sumarían más de 245 personas o familias, habían entregado una serie partidas económicas a la promotora de las viviendas, Residencial Entrenúcleos, dependiente del Grupo Asfi, pero las obras de construcción quedaron paralizadas en el verano de 2012 como consecuencia de los problemas financieros de la promotora.
Iñaki Gil San Sebastián, director general del grupo empresarial al que pertenece esta promotora, fue detenido y posteriormente encarcelado por un presunto delito de estafa relacionado con las cuotas de cien comunidades de propietarios.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, de cualquier modo, debatió este conflicto en el Pleno celebrado a finales de diciembre del año 2012. En concreto, fue aprobada con los votos favorables del PSOE y el PP una moción según la cual el Consistorio ofrecía a los afectados que «voluntariamente» aceptasen, su «defensa jurídica colectiva», asumiendo la administración los gastos y las tasas judiciales del procedimiento.

La moción plasmaba, además, el compromiso del Ayuntamiento para subrogarse en los derechos de estos afectados concretos «si antes del 30 de septiembre de 2014» no media una «solución satisfactoria», con lo que la Administración local procedería a anticipar directamente a estos vecinos «las cantidades entregadas a cuenta» a Residencial Entrenúcleos.

El pasado mes de abril, y según el acuerdo plenario recogido por Europa Press, la Corporación municipal nazarena, con los votos favorables del PSOE y del PP y la abstención de IU-CA, aprobó una moción que adelanta la subrogación del Ayuntamiento en los derechos de los afectados sumados a su defensa jurídica colectiva, con la consecuente devolución de los anticipos con cargo a los fondos municipales. En concreto, la devolución efectiva de los anticipos se ceñía a «la aprobación de una modificación presupuestaria y la suficiente liquidez de tesorería».

Agustín Morón, portavoz del Gobierno municipal, concretó que entre los 207 afectados sumados a la defensa jurídica colectiva del Ayuntamiento figuran 82 afectados que han resuelto ya sus contratos de compraventa con la promotora y que esperan la devolución de 494.000 euros, 113 que habían solicitado ya a la promotora la devolución de estas fianzas por un importe global de 903.000 euros y 12 afectados que habían emprendido acciones judiciales de forma individual y cuyos anticipos suman unos 81.000 euros.

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vpoUn grupo de afectados recurrirá la exigencia de que retiren sus demandas para cobrar antes
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha anunciado que presentó el 21 de marzo una denuncia para exigir a la empresa Asfi -promotora del Residencial Entrenúcleos: 372 viviendas protegidas- las cantidades que cobró indebidamente a 195 vecinos, los que, por ahora, han «subrogado» sus derechos al Consistorio para que los reclame directamente, aunque hay un centenar más de afectados. La medida se anunció en el último Pleno, en el que se aprobó una modificación del presupuesto de 2013 para adelantar, sin esperar a los juzgados, a esas 195 personas el dinero que dieron por sus pisos, incluidos en el III Plan Municipal de VPO. Los casi 1,4 millones necesarios saldrán del fondo de contingencia, previsto para catástrofes o actuaciones imprevistas en el municipio. El gobierno socialista no ha dado una fecha para ingresarlo -dependerá de la «liquidez», dice- y ha insistido en que sigue abierto a que otros afectados subroguen sus derechos y se sumen a la denuncia.

Pero, lejos de aminorar la polémica por la gestión que el PSOE está haciendo del ambicioso plan de VPO -5.000 pisos de los que ni el 13% están en obras-, su decisión ha dividido a los afectados. Parte de ellos habían presentado ya demandas de reclamación de cantidad o denuncias por estafa contra el promotor de esta parcela, encarcelado en Navarra acusado de estafar a comunidades de vecinos de cuya gestión se encargaba Asfi. En esas denuncias se apunta como responsables subsidiarios al Ayuntamiento y la Junta, ya que insisten en que se embarcaron en la compra con el aval de ser un «plan municipal», del que se les informó desde el Consistorio, cuyos responsables les pidieron confianza cuando las obras comenzaron a retrasarse y había indicios de que algo iba mal. La Junta dio el visto bueno a que se cobraran cantidades a cuenta. Ahora, censuran que el gobierno para adelantarles un dinero que necesitan (muchos están paro o viven con familiares) pida que renuncien a sus demandas y abogados por los municipales.

Con la premisa de que un ciudadano puede elegir a sus letrados, han anunciado que van a poner un contencioso contra la decisión municipal. La asociación defiende que el Consistorio debe devolver el dinero sin discriminar. Aunque, como propone IU, firmen algún documento que les comprometa a que, una vez recuperado, lo reintegren.

Fuentes municipales eludieron valorar la decisión de la asociación, ni hacer más aclaraciones sobre el caso, que está emborronando la gestión reciente del veterano alcalde Francisco Toscano. El gobierno ha venido diciendo que su prioridad son los vecinos afectados y que para cobrar debían subrogar sus derechos. Los grupos de la oposición, PP e IU destacaron ayer que no han visto aún la denuncia que ha presentado el Consistorio. La edil Lola Palacios, de IU, asegura que se enteró por la prensa y explicó que IU se abstuvo en el Pleno en el que se aprobó la propuesta de adelantar el dinero sólo a los que se han subrogado porque cree que se debe hacer con todos, sin exigirles que renuncien a otras vías. «No sé por qué el gobierno local tiene miedo a que se le pida responsabilidad subsidiaria si cree que no la tiene», destacó, y considera que la vía por la que ha optado el gobierno y el anuncio de pagar antes -inicialmente, se comprometió a hacerlo a partir de septiembre de 2014 si la empresa no había respondido- pretende «presionar» a los afectados, que necesitan el dinero ya, para que desistan de pleitear. «Hay auténticos dramas familiares», asevera.

Manuel Alcocer, portavoz del PP, es más contundente en sus calificativos y considera que lo que ha planteado el gobierno local, que en la práctica supone que los afectados renuncien a pedir daños y perjuicios al Ayuntamiento, es una «coacción» a los «estafados» y está convencido de que los jueces avalarán el recurso de la asociación. Alcocer se pregunta por qué el Ayuntamiento se ha «resistido» a denunciar al promotor y subrayó que el dinero con el que se responderá a los afectados de la parcela BPO-6 es de todos los nazarenos; como lo es -recordó- el que se ha adelantado a los de la BP3, en Las Portadas, aunque el promotor cedió a cambio un solar al Ayuntamiento, cuya situación también cuestiona el PP.

«Todos y cada uno de los vecinos de Dos Hermanas van a pagar los errores de este equipo de gobierno, por su mala gestión e incapacidad», apostilló. El PP, pese a sus críticas, votó a favor de la medida en el Pleno, en «coherencia» con lo que ha defendido: que el Ayuntamiento responda por los afectados.